La Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, frente a las disposiciones
adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia
Nro. 297/2020, dictó la Instrucción General N° 01/20, de la cual tomó razón el
Tribunal Superior de Justicia la Provincia de Córdoba (TSJ) a través de su
Presidenta. Conforme a ello, hacen saber:
La emergencia sanitaria declarada por la normativa nacional dispone diversas
restricciones temporarias a la libertad de circulación con el objetivo de asegurar
el aislamiento social preventivo y obligatorio. Frente a ello y no obstante
corresponder el control del efectivo cumplimiento de las
regulaciones dictadas en el marco de la situación excepcional a los distintos
niveles gubernamentales, en ejercicio de sus respectivos poderes de policía,
atendiendo a las particularidades de la situación que se atraviesa, se torna
necesario remarcar que los municipios y comunas, así como sus autoridades
públicas, deben ejercer sus funciones en el marco de lo prescripto por la
Constitución Provincial. Consecuentemente, y a tenor de lo prescripto en la
Instrucción General precitada los municipios y/o comunas carecen de facultades
para establecer restricciones mayores y/o de otra índole o tenor que las
prescriptas en normativa nacional y provincial pertinente, ni impedir el ingreso o
egreso de su ejido así como tampoco se encuentran legitimados para contemplar
excepciones no previstas en las disposiciones legales referidas. Un actuar
contrario, a más de entorpecer el accionar diseñado en el
marco de la emergencia sanitaria, deviene susceptible de enmarcar en un
ejercicio abusivo de las facultades locales y su correspondiente tipificación
penal.. Por todo ello, se encomienda a los miembros del Ministerio Público Fiscal
extremar las medidas necesarias para asegurar la vigencia y cumplimiento de la
normativa constitucional y legal, en este estado de emergencia sanitaria y que se notifique a los intendentes y jefes comunales de la Provincia de Córdoba de la
presente comunicación.

Firmado: Dra. María Marta Cáceres de Bolatti -Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia-, Dr. José Gómez Demmel y Dr. Héctor David -Fiscales Generales
Adjuntos-